PROYECTO GIRSU: PIDEN JUICIO ORAL PARA NEIS Y OTROS 46 INTENDENTES POR FRAUDE CONTRA EL ESTADO

PUERTO RICO- El fiscal Carlos Rívolo pidió hoy al juez Claudio Bonadio que envíe a juicio oral a 47 intendentes y ex intendentes, entre ellos al jefe comunal de esta ciudad, Federico Neis, como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, por medio del programa de Gestión Integral de Residuos Urbanos (GIRSU). El pedido también incluye a los ex jefes de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, junto a tres ex secretarios de Ambiente, quienes son investigados por un supuesto perjuicio a las arcas públicas por 600 millones de pesos, entre los años 2013 y 2015. El pedido de Rívolo llega después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de 47 intendentes –entre ellos Neis, único alcalde misionero en esa condición-, junto a la falta de mérito de otros 42 mandatarios comunales imputados y el sobreseimiento de otros dos. Ahora el juez Bonadío, en base a las pruebas producidas en el expediente, ordenaría la elevación de la causa a juicio oral y público.

Esta investigación de Rívolo arrancó a fines de 2016, a partir de una auditoría interna de la actual gestión en la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.

Rívolo aseguró que “la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados” cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable), firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes “sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas”, reza el escrito.

Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex fefes de Gabinete) que aprobaron los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras, también quedaron a un paso del juicio. Rívolo consideró que los tres funcionarios dieron el visto bueno a las iniciativas, “fundándolas bajo el falaz argumento de que eran adecuados y ajustados a lo previsto en la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, a pesar de las serias irregularidades administrativas detectadas en cada uno de ellos”.

Los intendentes que recibieron los recursos y cuya inversión no se reaalizó o se realizó a medias o directamente tuvieron otro destino, fueron Gustavo Javier Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Martín Winnik, Alfredo Mario Pastor, Gustavo Fabián Steven, Carlos René Andion, Walter Fabián Correa, Alicia Mabel Leiva, Elba Patricia Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, María Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas, Carlos Gerardo Palacios, Lorenzo Heffner, Héctor Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez y Estela Carina Mitoire.

También Alfredo Osvaldo Zamora, Raúl Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Héctor Carlos Godoy, José Antonio López, Juan Carlos Bacalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Víctor Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Miguel Casi, Diana Edith Argüello y Héctor Aníbal Olivera. Se añaden los acusados Oscar Darío Ostoich, Jorge Alejandro Eijo, Gustavo Alfredo Walker, Francisco Aurelio Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Néstor Curetti, Carlos Marcelo Racciatti, Francisco Manuel Felipe Durañona y Vedia y Francisco Virgilio Gutiérrez.

Todos estos intendentes de distinto municipios del país, “percibieron los fondos, en representación de sus respectivos municipios, y que en sus respectivas administraciones los destinaron a fines distintos a lo acordado”, aseguró el fiscal en su escrito.

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